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¿Está preparada su empresa para enfrentar un incidente de ciberseguridad bajo la nueva legislación chilena?

Ley Marco de Ciberseguridad

La ciberseguridad ya no es solo un asunto técnico. En Chile, con la entrada en vigor de la Ley Marco de Ciberseguridad (Ley 21.663), se transforma en una obligación legal para empresas que prestan servicios clave a la sociedad. Esta normativa impone nuevas exigencias que afectan a más organizaciones de las que muchos imaginan.

  • ¿Su empresa cuenta con monitoreo continuo de su red?
  • ¿Podría detectar y responder a un ataque en tiempo real?
  • ¿Cumple con los nuevos estándares de ciberseguridad exigidos por la ley?

Un cambio que redefine responsabilidades

De acuerdo con el Artículo 4° de la Ley 21.663, los Prestadores de Servicios Esenciales son aquellas entidades que entregan servicios vitales para la sociedad, como energía, salud, telecomunicaciones, transporte y servicios financieros. Sin embargo, esta categoría no es estática: la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) puede incluir nuevas organizaciones mediante resolución, ampliando el alcance de esta obligación.

Además, el Artículo 5° establece la figura del Operador de Importancia Vital, que puede ser:

  • Una empresa esencial reconocida oficialmente, o
  • Una entidad privada cuya infraestructura o función sea crítica para el país, aunque no haya sido formalmente clasificada como tal.

Esto significa que muchas organizaciones —quizás incluso la suya— deben prepararse para enfrentar exigencias normativas inmediatas, que incluyen vigilancia continua, gestión de incidentes y reportabilidad.

La solución: visibilidad, prevención y respuesta desde un centro de operaciones

La forma más eficaz de abordar estos desafíos es contar con un centro de monitoreo especializado (Servicios NOC/SOC), que supervise de manera permanente sus redes, sistemas y dispositivos. Este centro puede enfocarse en la operación de la red, en la seguridad digital, o idealmente, en ambos.

  • Cumplimiento normativo automático mediante reportes y auditorías.
  • Detección temprana de amenazas mediante análisis inteligente.
  • Reducción del tiempo de respuesta ante incidentes.
  • Continuidad operacional garantizada, incluso frente a ataques complejos.
  • Protección de datos confidenciales, lo que refuerza su reputación y confianza de clientes.

Además, la integración de servicios avanzados, como Cybersecurity Endpoint Analyst (CEA), el monitoreo activo de dispositivos y la automatización en la detección de anomalías, lleva estas capacidades a un nivel superior, permitiendo actuar antes de que ocurra el daño.

Este no es un lujo. Es una urgencia.

La ley ya está vigente, y el proceso de fiscalización comenzará pronto. No tener un sistema de monitoreo y respuesta puede significar:

  • Sanciones legales.
  • Interrupción de servicios clave.
  • Pérdida de datos e información confidencial.
  • Impacto reputacional irreversible.

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